Lo que históricamente fue el refugio idílico y exclusivo de la costa bonaerense se ha convertido en el epicentro de un reclamo vecinal que ya no puede silenciarse con eslóganes. La consigna oficial de «Pinamar Seguro» choca de frente contra una realidad cruda: una ola de robos sistemáticos, falta de patrullaje y un municipio que, bajo la intendencia de Juan Ibarguren, es señalado por dejar a los residentes a su propia suerte.
El Mapa del Delito: De los Turistas a los Residentes
La matriz de la inseguridad en Pinamar ha mutado drásticamente. Ya no se trata exclusivamente de los «escruches» de enero dirigidos a turistas acaudalados. Hoy, los blancos principales son los trabajadores, comerciantes y jubilados que habitan el distrito los 365 días del año. Zonas como Mar de Ostende, Valeria del Mar y sectores residenciales de Pinamar enfrentan una escalada delictiva sin precedentes en la región.
Violencia en aumento: Los delincuentes han dejado de esperar a que las viviendas estén vacías. Se reportan ingresos forzando puertas y ventanas a plena luz del día, barreteando accesos incluso con los ocupantes en el interior.
Robos cotidianos: Desde motocicletas y bicicletas hasta la sustracción de ruedas de auxilio y calderas exteriores. En episodios recientes durante el verano y el otoño de este año, llegaron a registrarse más de diez robos en apenas 72 horas.
Falta de Políticas y el Escudo de la Provincia
La indignación comunitaria apunta directamente al despacho principal de la calle Shaw. La crítica central hacia la gestión de Ibarguren es la ausencia total de un plan preventivo. El municipio insiste en mantener el discurso heredado de gestiones anteriores: responsabilizar exclusivamente a la Provincia de Buenos Aires por la seguridad. Sin embargo, los vecinos exponen una contradicción insalvable.
Los contribuyentes abonan mensualmente una tasa de seguridad municipal que ha sufrido fuertes incrementos, pero los fondos no parecen reflejarse en prevención en las calles.
El Centro Integral de Seguridad (CIS), constantemente promocionado por la intendencia, ha demostrado ser una herramienta reactiva y no disuasoria. Como resume el hartazgo de un comerciante de la calle Constitución: «Las cámaras sirven para ver cómo se llevan tus cosas, no para evitar que lo hagan». A esto se suma el abandono en infraestructura básica: la falta de mantenimiento en el alumbrado público ha convertido a varias calles en zonas oscuras y liberadas para el accionar delictivo.
Entre Desfiles de Moda y Desamparo
El malestar social se profundiza al contrastar el mapa del delito con las prioridades del Ejecutivo municipal. Durante los picos de la crisis de seguridad a principios de 2026, el intendente Ibarguren fue severamente cuestionado por priorizar su presencia en eventos sociales y desfiles de moda en paradores exclusivos, mientras los reclamos por robos se multiplicaban en las comisarías.
Mientras las redes sociales oficiales proyectan una ciudad enfocada en el marketing, obras de conectividad y turismo, en los barrios la inseguridad es alarmante. Ante el silencio oficial y la inacción estatal, la comunidad ha tenido que recurrir a la autodefensa. Los grupos de WhatsApp barriales operan en alerta permanente y los residentes invierten miles de pesos en alarmas y rejas que, muchas veces, no logran frenar a los delincuentes. En sectores como Cariló, el nivel de hartazgo ha llevado a los vecinos a advertir sobre una posible rebelión fiscal ante un municipio que, sienten, solo se acuerda de ellos para recaudar.
El crecimiento demográfico de Pinamar es un hecho, pero no ha sido acompañado por políticas públicas a la altura. Si la intendencia no asume que gobernar implica proteger a quienes sostienen la ciudad todo el año, la emblemática «ciudad jardín» corre el riesgo de consolidarse como una ciudad sitiada por el miedo.