Carina Zabala advirtió sobre avisos previos para ocultar el trabajo informal en el sector de la construcción, la falta de ART y la ausencia de fiscalización municipal en el distrito.
Según Zabala, la UOCRA notifica con antelación a contratistas y arquitectos sobre los días de inspección en las obras. Ante estos avisos, los responsables retiran del predio a los obreros en situación informal, dejando únicamente al personal registrado.
Además, se alertó que en lugar de contratar una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) para toda la plantilla, como establece la ley, la mayoría de los contratistas solo contrata pólizas de seguro de accidentes con coberturas mínimas. Zabala ratificó que estas irregularidades fueron denunciadas ante el Ministerio de Trabajo.
Sumó asimismo que, aunque en algunas obras se observa la entrega de cascos o arneses para simular controles, estos elementos no son utilizados correctamente. La denuncia también apunta al rol del Municipio de Pinamar por no ejercer el control e inspección en materia de seguridad e higiene dentro del ejido urbano.
Zabala cuestionó dónde se destina la partida presupuestaria aprobada anualmente para el área de fiscalización. Respecto a los debates en el Concejo Deliberante, se recordó que la falta de presupuesto fue la justificación utilizada para archivar medidas de control como la «Ordenanza Fausto».
No obstante, Zabala reveló que solo en el mes de junio el Municipio derivó 136 millones de pesos en contrataciones bajo el Artículo 70 para personal ajeno a la planta permanente, incluyendo a contratados que no residen en Pinamar.
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