Claudio "Pachi" Martínez, conductor del ciclo televisivo Quinta a Fondo y residente de Pinamar desde hace tres décadas y media, expresó fuertes cuestionamientos contra la reciente implementación del registro obligatorio y el canon económico establecido para transitar en UTV y cuatriciclos por la zona norte de La Frontera.
Durante una entrevista periodística, el comunicador y abogado sostuvo que las autoridades locales están tomando medidas perjudiciales para el distrito. En el plano legal, objetó la validez del arancel al señalar que toda exigencia monetaria de esta naturaleza requiere indefectiblemente una contraprestación directa por parte del Estado, recordando al respecto un antecedente de la Corte Suprema en el fallo contra la Municipalidad de Córdoba.
La medida en cuestión se instrumentó mediante el Decreto 1333/2026, fechado el 3 de agosto y refrendado por el intendente Juan Ibarguren junto al secretario de Gobierno, Francisco Montes. Dicha norma convalidó una contratación directa amparada en la Ley Orgánica de las Municipalidades para adquirir 2.500 juegos de chapas identificatorias de aluminio a la firma Boldt Impresores S.A., por un monto total de 100.000 dólares con IVA incluido, tras evaluar tres propuestas económicas.
El texto oficial detalla que la erogación equivale a unos 151 millones de pesos según la cotización oficial de finales de julio, con un esquema de abono en seis cuotas y una garantía de cinco años sobre los elementos. Asimismo, la normativa especifica que estas placas operan como un complemento municipal y no eximen de contar con la patente nacional obligatoria para transitar.
Afectado anímicamente por el rumbo de la ciudad, Martínez reveló que tomó la drástica determinación de poner su propiedad inmobiliaria en el mercado tras treinta y cinco años de residencia fija. Además, advirtió sobre un éxodo de conocidos hacia otros horizontes y lamentó que las nuevas cargas impositivas terminen perjudicando primordialmente a los sectores de menores recursos.
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