
A las puertas de una nueva temporada estival, la gestión del intendente Juan Ibarguren vuelve a poner la lupa sobre las playas locales con un paquete de medidas restrictivas que busca ordenar el tránsito de UTVs, cuatriciclos y camionetas 4×4.
No obstante, detrás del discurso oficial de «corredores seguros» y ordenamiento, la implementación de estas normativas —que incluyen el polémico cobro de la ecotasa y un registro municipal obligatorio— expone zonas grises, un marcado afán recaudatorio y el descontento de propietarios y turistas que sienten que las reglas del juego cambian a conveniencia del Ejecutivo. En diálogo con este medio, Javier Pizzolito analizó los puntos clave de un esquema que, bajo la administración de Ibarguren, genera más interrogantes que certezas y amenaza con empujar a los visitantes hacia otras costas.
Ante el endurecimiento de los controles y las restricciones impuestas por el municipio, una parte del turismo ya empezó a replantearse sus destinos. Localidades cercanas, o más allá en Médano Blanco y Miramar, emergen como alternativas para aquellos que buscan disfrutar de los vehículos off-road sin la presión pinamarense.
Si bien desde el sector oficial se relativiza el impacto, la realidad marca que muchos propietarios eligen migrar hacia zonas donde todavía existen márgenes temporales de adaptación y una convivencia más lógica entre la actividad turística y la normativa. El «aparato» restrictivo de Pinamar parece expulsar a quienes, históricamente, eligen las playas locales para vacacionar con sus vehículos.
Desde el próximo 1 de diciembre, las reglas se endurecerán drásticamente. Para los UTVs, cuatriciclos y motos, el cumplimiento normativo será lapidario; en el caso de las camionetas 4×4, la exigencia recaerá de lleno en el ingreso a la zona de la frontera y al sur de Cariló.
El laberinto burocrático se profundiza al analizar los registros: Lejos de clarificar, esta superposición de normativas genera la falsa sensación de que el municipio «autoriza» lo que la ley nacional prohíbe, escudándose en decretos provinciales y nacionales que delegan en los municipios la creación de corredores seguros.
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