El uso sistemático del «doble voto» por parte de la presidencia y el envío de expedientes críticos al archivo de las comisiones revelan una estrategia de protección política. Mientras la Secretaría de Hacienda maneja sumas millonarias bajo conceptos ambiguos como «cuentas pendientes», los concejales alineados con el intendente bloquean cualquier intento de auditoría externa denuncia el concejal Leo Napoli.
La gestión de Juan Ibarguren en Pinamar parece haber perfeccionado un mecanismo de defensa que va más allá de la gestión administrativa: el blindaje legislativo. Lo que en la superficie se presenta como una dinámica democrática, en la práctica funciona como un filtro infranqueable donde las denuncias por malversación, los faltantes de caja y las sospechas sobre funcionarios de alto rango quedan sepultadas bajo tecnicismos y mayorías automáticas.
El «doble voto» como arma de obstrucción
La reciente entrevista al concejal Leonardo «Tano» Napoli puso sobre la mesa una realidad que el oficialismo intenta normalizar. El Concejo Deliberante de Pinamar hoy no funciona como un órgano de control, sino como un anexo del Ejecutivo. El mecanismo es quirúrgico: ante cualquier pedido de informes o auditoría que incomode al poder, se utiliza la mayoria para que nadie explique nada afirma Napoli.
Este «blindaje» no es solo una interpretación política; es un dato estadístico. Fue precisamente este método el que frenó el viernes pasado el pedido de una auditoría contable retroactiva de un año para el caso de Norma Watson. ¿El argumento oficialista? Ninguno sólido. Solo la voluntad de no hurgar más allá de los tres meses que el propio Ejecutivo decidió auditar «a dedo», y que ya arrojaron un faltante escandaloso de 67 millones de pesos.
El misterio de los 620 millones en la «libreta de almacenero»
Uno de los datos más alarmantes que el oficialismo se niega a transparentar surge de la propia rendición de cuentas enviada al Concejo. Según Napoli, la Secretaría de Hacienda — maneja una partida denominada «Cuentas Pendientes» que ostenta un saldo positivo de 620 millones de pesos.
En una administración moderna, este nivel de imprecisión en la nomenclatura contable es, cuanto menos, sospechoso. La oposición denuncia que el municipio se gestiona como un «almacén», con una precariedad sistémica que facilita la «la falta de explicaciones». Al no existir cuentas separadas para fondos afectados (gracias al veto del intendente a la ordenanza que lo exigía), el dinero que entra para salud, seguridad o bomberos termina en una «licuadora» financiera de difícil trazabilidad.